Brasil participó activamente en las discusiones del Acuerdo Sectorial Aeronáutico de la OCDE (ASU). Estas reuniones tenían como objetivo restaurar el equilibrio del apoyo oficial respecto a las reglas de financiación y mecanismos de garantía en la industria aeronáutica.
Aunque no es miembro pleno de la OCDE, Brasil participó en la revisión del ASU en igualdad de condiciones con los demás países miembros, presentando propuestas concretas en todas las rondas de negociación. Esto dio lugar a la primera versión del ASU en 2007, ratificada por todos los Estados miembros, estableciendo el modelo específico de precios para financiación/garantía/seguro de crédito a la exportación de aeronaves, utilizado por agencias de crédito a la exportación al otorgar apoyo oficial.
Las primas para aeronaves de categoría 2 y 3 (cf. ASU 2007) se desarrollaron con metodología basada en el enfoque Internal Ratings-Based (IRB) del Acuerdo de Basilea II. Tras los primeros años, los países firmantes reabrieron negociaciones, resultando en la versión 2011 del ASU con primas de riesgo actualizadas, sujetas a revisión periódica. Se adoptó una curva única de primas de riesgo combinando categorías 1 (aviones grandes) y 2/3 (jets regionales, turbohélices y helicópteros), logrando mayor alineación con el mercado, especialmente en periodos de alta aversión al riesgo.
Las reglas del ASU aplican a aeronaves nuevas y usadas, turbinas aeronáuticas, turbinas de reemplazo, repuestos, servicios de mantenimiento, conversiones de aeronaves y kits de turbinas. No aplican a aeronaves militares ni a servicios asociados ni a simuladores de vuelo.
La clasificación de riesgo se basa en cuatro vectores: financiero, operativo, de mercado y registral, ponderando sus subfactores. Este modelo evalúa únicamente el riesgo crediticio del deudor (senior unsecured), sin considerar garantías como hipotecas de aeronaves. Se desarrollaron variantes para aerolíneas de vuelos no regulares y empresas de leasing.
El departamento de Aeroespacial y Defensa también apoya a exportadores, financiadores y deudores, con asistencia legal de ABGF, para minimizar riesgos sobre el FGE.
